FIRMA BASQUE LUXURY: GHATE
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El siguiente texto es un resumen de “Un planteamiento pro-libertad ante las enfermedades infecciosas”, escrito por Onkar Ghate. El texto completo en inglés está disponible en: TEXTO ÍNTEGRO
La respuesta de nuestra nación a la pandemia del SARS-CoV-2 no es digna del líder del mundo libre. No es una respuesta americana. Podemos hacerlo mejor en el futuro cambiando nuestras leyes para asignar al gobierno la función de luchar contra el peligro provocado por enfermedades infecciosas.
Necesitamos leyes que lleven al gobierno a ejecutar con precisión su papel: evitar el riesgo activo provocado por los portadores de enfermedades infecciosas severas.
El objetivo de la atención sanitaria gubernamental ante un nuevo virus respiratorio como el SARS-CoV-2 es evitar el riesgo provocado por los portadores del virus -principalmente testando, aislando y rastreando a los portadores-. Intentar salvar vidas a toda costa, o poner en una balanza las vidas de algunas personas frente al sustento de otros, no es un objetivo válido para la salud pública. Además de realizar tests, de aislar y de rastrear, el gobierno sólo debería emitir pautas voluntarias, y dejarnos libres para tomar las medidas que individualmente consideremos necesarias para afrontar la nueva realidad.
Para lograr ese objetivo de salud pública, el gobierno debe catalogar la severidad de las enfermedades infecciosas y después, ante las más severas, debe tener capacidad de testar, aislar y rastrear a individuos contagiosos. Todo esto puede y debe ser legislado con cuidado.
Éstos son algunos de los factores (interrelacionados) que son relevantes a la hora de definir si una enfermedad infecciosa requiere intervención legal:
- ¿Cuán contagiosa es la enfermedad?
- ¿Cómo se transmite la enfermedad?
- ¿Qué daños provoca cuando una persona la contrae?
- ¿Cuánta inmunidad existe entre la población?
- ¿Qué medidas preventivas conocidas existen, y son fáciles de implementar?
El problema principal es definir cuándo tomar medidas coactivas contra un portador de una enfermedad infecciosa teniendo en cuenta el peligro que puede tener sobre otros. Para centrar a nuestros gobiernos federales y estatales en la función de aislar a los portadores de enfermedades infecciosas peligrosas, el primer paso que debe tomarse es legislar; y es por ello por lo que es responsabilidad del gobierno utilizar criterios legales objetivos para determinar qué enfermedades infecciosas existentes y nuevas requieren intervención legal.
Y los gobiernos deben ejecutar dichas leyes. Ante la presencia de un potencial brote infeccioso suficientemente severo, el gobierno debe construir o adquirir las capacidades que permitan testar, aislar y rastrear. Esto no implica realizar tests en todo el país, ni prohibir a laboratorios privados realizar sus propios tests, ni decidir quién puede y no puede comprar tests; y la ley debe ser clara en esto.
Necesitamos leyes que desprendan a los gobiernos federales y estatales del poder de confinar estados enteros o ciudades en nombre de la salud pública.
Como las leyes actuales no prohíben confinamientos estatales coactivos, éstos han sido una “solución” fácil para nuestros gobiernos, que los han adoptado durante la pandemia del SARS-CoV-2. Si creemos, como parece que han hecho muchos gobernantes durante esta pandemia, que el objetivo legítimo del gobierno es minimizar a toda costa el número de muertes causadas por una nueva enfermedad infecciosa, o de alguna forma “equilibrar” la destrucción que una enfermedad infecciosa pueda causar en la vida o sustento de la gente, entonces el gobierno necesita poder coactivo para cerrarlo todo y poner en cuarentena a todos. Necesita casi poder absoluto. Pero este objetivo es ilegítimo.
El objetivo de salud pública del gobierno no es diferente del de otras áreas: proteger el derecho de cada uno de nosotros de intentar estar sanos, como parte de nuestro derecho de buscar la felicidad.
No existe tal cosa como “nuestra” salud colectiva, o “nuestra” riqueza colectiva. Sólo existe una salud y una riqueza determinada -vidas y sustentos determinados- de los individuos por separado. Pedir al gobierno “equilibrar”estos dos es un eufemismo, por pedirle decidir quién se va a sacrificar por quién, el sustento de quién está ante la vida de quién, y la vida de quién está ante el sustento de quién. Éstas no son decisiones que debe tomar el gobierno.
Si nuestros gobernantes supieran que no tienen el poder coactivo de confinar, estarían más centrados en su propósito: testar, aislar y rastrear a los portadores.
La ley también debería suspender los controles que más paralizan en atención sanitaria a doctores, hospitales, laboratorios y compañías farmacéuticas durante la pandemia. Evitar, por ejemplo, las barreras para desplegar tests privados y los permisos requeridos que impiden a los hospitales aumentar su capacidad.
Aún así, teniendo en cuenta el gran control que los gobiernos ejercen sobre la atención sanitaria, deben ser transparentes y honestos sobre sus capacidades.
Una enfermedad infecciosa pandémica debe modificar rápidamente las prioridades del gobierno. Del mismo modo que durante una pandemia debe priorizar los presupuestos para gastar más en tests, aislamientos y en rastrear, debe también gastar más en capacidad hospitalaria. Debe redirigir la riqueza que hemos cedido mediante los impuestos a luchar contra la pandemia. Debe sacar provecho de las reservas y hacer uso de los recursos médicos militares. Que esto se haya llevado a cabo tarde durante esta pandemia ha contribuido a generar pánico.
Aún más importante es que nuestros gobiernos deben reconocer que una atención sanitaria controlada por el gobierno significa una atención sanitaria racionada. Cuando la producción, los precios y los beneficios no son los principios que guían las acciones de las personas, alguna otra cosa lo hará. Esa otra cosa son las decisiones de los burócratas del gobierno. Nuestros gobernantes deben descartar la fantasía de que la atención sanitaria controlada por el gobierno es gratuita; y que de alguna manera, la atención sanitaria no debe ser producida por nadie. Es la responsabilidad del gobierno explicar claramente cómo se va a racionar la atención sanitaria durante la pandemia. Esto nos permitirá a nosotros como individuos estar mejor informados y tomar decisiones racionales.
Si los individuos mayores y sus allegados hubiesen sabido, por ejemplo, que estarían los últimos en la cola de los respiradores o de las camas UCI, habrían tenido más razones para distanciarse socialmente y para aislarse en casa. O si los jóvenes hubiesen sabido que no se les priorizaría a la hora de ingresarlos en la UCI, más personas considerarían la necesidad de distanciarse socialmente.
Cuanto mejor entendamos, nosotros como individuos, que la atención sanitaria está racionada, más razones tendremos para tomar medidas voluntarias como el distanciamiento social. En cambio, cuanto más nos digan que la atención sanitaria es gratuita y es nuestra por derecho (que por arte de magia habrá siempre una enfermera y una cama UCI cuando nos contagiemos de Covid-19), nos tomaremos menos en serio las medidas preventivas voluntarias, y las medidas gubernamentales coactivas parecerán más necesarias.
En conclusión, lo que necesitamos y lo que es alcanzable de forma realista es un planteamiento para enfermedades infecciosas que legisle los aspectos mejor implementados por Taiwán, Corea del Sur y Suecia durante esta pandemia. Taiwán y Corea del Sur han aprendido de los errores del pasado; nosotros podemos aprender de nuestros errores actuales.
Onkar Ghate
Catedrático y Director del Departamento de Filosofía del Instituto Ayn Rand
